El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos-AV) ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad laboral de la plantilla de la piscina cubierta municipal José Carlos Casado y la correcta prestación del servicio a los cientos de usuarios y usuarias que utilizan diariamente esta instalación deportiva.
La petición llega después de que se haya conocido la existencia de una operación de la Policía Nacional relacionada con presuntos casos de corrupción en el ámbito de la gestión deportiva y que afecta al propietario de la empresa concesionaria responsable del servicio y que ha conllevado el impago de salarios para la plantilla.
Desde Segovia en Marcha consideran que la principal preocupación en estos momentos debe centrarse en proteger a los trabajadores y trabajadoras y garantizar que estas circunstancias que afecte a la empresa tengan el menor impacto posible sobre el funcionamiento de una instalación municipal esencial para la ciudad.
El portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, ha señalado que “no podemos apoyar una licitación que repita los mismos errores y siga sin poner los mecanismos necesarios para garantizar la estabilidad de la plantilla, el cumplimiento de sus derechos laborales y la correcta prestación del servicio para los cientos de segovianos y segovianas que utilizan esta instalación municipal”.
El portavoz ha recordado que la piscina cubierta recibe cada año cientos de miles de euros de aportación económica municipal para sostener la concesión y considera que esa implicación económica debe ir acompañada de una mayor capacidad de control por parte del Ayuntamiento.
“Con el modelo planteado por el PP, el Ayuntamiento va a destinar a partir de ahora un mínimo de medio millón de euros al año a la piscina cubierta, ya que además de la subvención al servicio asume los costes de suministros y las inversiones estructurales de la instalación. Si los segovianos y segovianas realizan semejante esfuerzo económico, lo mínimo exigible es que el Ayuntamiento tenga capacidad directa y real para supervisar y garantizar que el servicio se presta en las mejores condiciones posibles”, ha señalado San Juan.
Desde Segovia en Marcha consideran que los acontecimientos conocidos en los últimos días ponen de manifiesto las debilidades del actual modelo de gestión. Por ello, la coalición propone abrir el debate sobre una transformación de la gestión de la piscina cubierta que permita un mayor control público y municipal sobre el servicio y una mejor protección de la plantilla.
En este sentido, Guillermo San Juan ha defendido que “esta mañana nos hemos opuesto frontalmente a repetir una nueva licitación como la del año 2022. Ahora tocaba plantar cara a un modelo de contratación pública que se lo pone muy fácil a las ‘concesionarias pirata’ y muy complicado a las pymes que quieren hacer las cosas bien”.
Segovia en Marcha considera contradictorio que, mientras el Partido Popular muestra su preocupación por la situación generada por la investigación al empresario, la respuesta del Gobierno municipal sea volver a apostar por una nueva licitación basada en el mismo modelo de concesión.
“Con el modelo que ha propuesto el PP, el Ayuntamiento va a poner como mínimo medio millón de euros al año y más de 2 millones en el conjunto del contrato. Si la administración asume ese nivel de gasto público, lo lógico es que tenga mucha más capacidad de control sobre el servicio y sobre quienes lo gestionan”, ha señalado Guillermo San Juan.
La coalición insiste en que la prioridad inmediata debe ser proteger los salarios, los derechos laborales y la estabilidad de la plantilla, así como garantizar la continuidad del servicio. Al mismo tiempo, considera que esta situación evidencia el agotamiento de un modelo que privatiza la gestión mientras socializa los costes y los riesgos.
“Si los segovianos y segovianas van a destinar más de medio millón de euros al año para sostener esta instalación, debemos avanzar hacia fórmulas que permitan un mayor control municipal y una mejor capacidad de supervisión sobre su funcionamiento”, concluye San Juan.
