Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde) ha cuestionado, durante el pleno municipal, unas ordenanzas fiscales que considera injustas, ineficaces y alejadas de las necesidades de la mayoría de la población. Su portavoz, Guillermo San Juan, ha afirmado que el Gobierno de Mazarías presenta como una bajada de impuestos unas medidas que benefician especialmente a quienes más tienen, mientras las familias y los pequeños negocios siguen soportando el esfuerzo de financiar los servicios municipales.
“Cuando el PP habla de bajar impuestos, hay que preguntar a quién. Porque a la mayor parte de la ciudadanía estas ordenanzas le salen a pagar. Quienes salen ganando son los grandes tenedores de vivienda, los propietarios de inmuebles de alto valor catastral y los turoperadores”, ha señalado San Juan. En el caso del IBI, advierte que 2 de cada 3 euros de la rebaja del IBI se la quedan los inmuebles de mayor valor catastral que son 1 de cada 4.
Respecto a la tasa de basuras, San Juan ha indicado que sigue siendo injusta y está mal enfocada. El grupo propone incorporar el valor catastral de las viviendas al cálculo y exigir que los fabricantes de envases asuman los costes que les corresponden. También ha cuestionado que el control se centre en el contenedor marrón, en lugar de actuar sobre el uso desproporcionado del contenedor gris por parte de quienes no separan sus residuos.
“Hay alternativas para que pague más quien más contamina y para aliviar lo que paga la mayoría. Pero el PP sigue repartiendo las cargas sin tener suficientemente en cuenta ni la capacidad económica ni cómo se gestionan los residuos”, ha explicado el portavoz.
En este sentido, San Juan también ha rechazado la subida del 30 % de los precios de la ORA y cuestiona el “cinismo y el chantaje” de Mazarías y el PP al vincular este incremento a una mejora del servicio. La coalición sostiene que se plantea a los vecinos una falsa elección: aceptar la subida o renunciar a las mejoras, cuando el servicio ya genera un superávit que podría destinarse a su funcionamiento y a otras necesidades de la ciudad.
“Hay que ser claros y honestos: este incremento de precios no tiene que ver con mejorar el servicio, sino con preparar un contrato muy jugoso para una nueva concesionaria que va a quedarse con el superávit de más de medio millón de euros que genera este servicio municipal. Es muy cínico presentar como una necesidad lo que es una decisión política: cobrar más a los vecinos para que una empresa privada se quede con un dinero que debería servir para mejorar Segovia”, ha afirmado San Juan.
En cuanto al aparcamiento de autobuses turísticos del antiguo Regimiento, la coalición ha sostenido que la tasa no incorpora la totalidad de los gastos de acondicionamiento de Coronel Rexach. Según sus estimaciones, esto permite que los turoperadores paguen un 20 % menos de lo que deberían” ha afirmado el portavoz.
Frente a este modelo, San Juan ha defendido que el derecho a la ciudad como derecho social emergente según la ONU, el derecho a vivir en Segovia debe convertirse en la prioridad de las políticas públicas municipales. Para ello, plantea un giro de 180 grados en las políticas urbanísticas, de vivienda y fiscales, que permita frenar la expulsión de vecinos y facilitar que quienes viven y trabajan en la ciudad puedan quedarse en sus barrios.
Frente a este modelo, San Juan ha defendido que el derecho a vivir en Segovia debe convertirse en la prioridad de las políticas públicas municipales. Para ello, plantea un giro de 180 grados en las políticas urbanísticas, de vivienda y fiscales, que permita frenar la expulsión de vecinos y facilitar que quienes viven y trabajan en la ciudad puedan quedarse.
En el debate de la moción presentada por Segovia en Marcha con este objetivo, el portavoz ha señalado que el PP “se ha puesto del lado de los fondos buitre y de los rentistas, dando la espalda a quienes tienen cada vez más dificultades para pagar un alquiler y seguir viviendo en Segovia”. La propuesta planteaba solicitar la declaración de zona tensionada, actuar contra los alojamientos turísticos y temporales ilegales y movilizar viviendas vacías mediante un programa municipal de alquiler asequible.
“No se puede poner al mismo nivel el derecho básico a una vivienda y a vivir en tu ciudad que el privilegio de poder estudiar en una universidad privada a miles de kilómetros de casa. Tampoco se puede situar por encima de ese derecho el negocio inmobiliario de los llamados ‘coliving’, que consiste en trocear viviendas y alquilarlas por partes para sacar más rentabilidad. El Ayuntamiento tiene que decidir a quién protege, y el PP ha vuelto a ponerse del lado de quienes hacen negocio con la ciudad”, ha afirmado San Juan.
“La política fiscal y la política de vivienda deben servir para hacer más fácil la vida de los segovianos y segovianas. Nosotros vamos a seguir defendiendo a quienes viven y trabajan aquí y tienen derecho a quedarse”, ha concluido.
