El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos-AV) ha lanzado una consulta abierta a la ciudadanía con el objetivo de conocer la percepción real sobre el estado de la limpieza en Segovia. La coalición municipalista recuerda que prácticamente 1 de cada 4 quejas en la línea verde están relacionadas con este servicio municipal y que la ciudad ha descendido varios puestos en los rankings de limpieza en los últimos años, advierte además de que el malestar vecinal es ya una realidad extendida en la mayoría de los barrios. En este contexto, mientras la concesionaria ha incrementado su asignación municipal año tras año, consideran imprescindible escuchar a la ciudadanía para identificar los problemas y plantear soluciones eficaces, apostando por una política “útil y en positivo”.
El portavoz del grupo municipal, Guillermo San Juan, ha subrayado que “la percepción de que el servicio funciona cada vez peor se ha generalizado en todos los barrios, por lo que es fundamental abrir un proceso participativo que permita conocer con rigor qué está ocurriendo y cómo podemos mejorarlo”.
La iniciativa se plantea además en un momento clave, coincidiendo con el próximo debate de una nueva ordenanza de limpieza viaria. Desde la coalición consideran que resulta lógico y necesario incorporar la participación ciudadana para evaluar tanto el funcionamiento del servicio como la percepción del estado de la ciudad.
San Juan ha señalado que “esta propuesta responde a varias razones. Por un lado, el descenso en los indicadores de limpieza contrasta con el incremento de lo que el ayuntamiento paga a la concesionaria, lo que refuerza la sensación de que “algo no funciona bien”.
Asimismo, el portavoz ha recordado que el actual contrato de limpieza y recogida de residuos ha superado ya más de la mitad de su vigencia y que, en poco más de un año, deberían iniciarse los trabajos preparatorios para diseñar un nuevo servicio a futuro. En este sentido, ha advertido de que el contrato “nació ya con carencias importantes, al no adaptarse al crecimiento de la ciudad, lo que ha derivado en una mayor carga de trabajo por operario y una insuficiencia de medios humanos y materiales, agravada además por un déficit estructural de personal cercano al 18 %”.
“Estos datos obligan a hacerse preguntas necesarias sobre si el número de operarios, barredoras, recursos y maquinaria que estamos pagando a la concesionaria es la que de verdad sale todos los días a limpiar nuestras calles y si el dinero público se está utilizando de forma eficiente”, ha añadido.
“La limpieza ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en un problema estructural que afecta a todos los barrios y a la calidad de vida de la gente”, ha afirmado.
El portavoz también ha incidido en los datos objetivos que respaldan esta percepción: Segovia ha empeorado su posición en los rankings estatales de limpieza urbana y, en el ámbito autonómico, se sitúa ya por detrás de ciudades como Soria, Salamanca, Valladolid o Burgos, pese a contar con un coste por habitante más de un 20% superior al de Oviedo, “la primera ciudad en el ranking de limpieza en el conjunto del país”.
Por todo ello, Segovia en Marcha apuesta por “hacer lo que el Gobierno municipal de Mazarías no está haciendo”: preguntar directamente a la ciudadanía. La consulta abordará cuestiones como el funcionamiento del servicio, el despliegue de recursos en los barrios, las principales carencias detectadas y las prioridades de mejora.
La consulta está abierta al conjunto de la ciudadanía, vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras del servicio y representantes del tejido vecinal, con el objetivo de obtener una visión amplia y plural que permita orientar futuras decisiones.
En relación con la ordenanza de limpieza, San Juan ha señalado que se han realizado numerosas aportaciones que, hasta la fecha, no han sido incorporadas. En su opinión, el texto actual pone el acento de manera desproporcionada en las obligaciones de la ciudadanía, sin desarrollar con la misma claridad las responsabilidades del Ayuntamiento.
Para Segovia en Marcha una ordenanza de este tipo debe equilibrar derechos y deberes de la ciudadanía, pero también de la administración. “Es evidente que la ciudadanía tiene la obligación de contribuir al mantenimiento de la ciudad, pero también lo es que el Ayuntamiento debe garantizar los medios y recursos necesarios para que ese objetivo sea posible. Las obligaciones de la administración son, en última instancia, los derechos de la ciudadanía”, ha concluido.
